Por Eudoro Álvarez Cohecha

Ingeniero agrónomo con especialización en temas de ambiente y sostenibilidad, así como en agricultura alternativa. Con una destacada trayectoria como ex profesor universitario y actual directivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana.

Nuevamente, como acontece año tras año, la molinería bajó los precios de la carga de arroz en 10000 pesos; esto significa que por cada millón de toneladas que se le entreguen, se embolsarán 80000 mil millones de pesos; de consumarse este exabrupto, las casi 400000  hectáreas que se plantan en el primer semestre serían objeto de un despojo cercano a 160000  millones, buena parte de los cuales irán a las bolsas de dos molinos que monopolizan el 85% del mercado del arroz en Colombia, sin que los consumidores, presuntos beneficiarios, tengan un arroz más asequible.

Que el monopolio molinero haga lo que quiera, se entendía en gobiernos que defendían, bajo la consigna de la “confianza inversionista” y otros enunciados engañosos, la rapiña que facilitaba tal despojo contra la producción primaria. Resultaría inexplicable que un gobierno que habló de renegociación de los TLC, de convertir a Colombia en potencia alimentaria mundial, dejara marchitar el único cultivo semestral, básico en la alimentación de la población, que ha resistido la política anti agraria del neoliberalismo, manteniendo el abastecimiento con producción nacional.

No hay mensajes alentadores, hasta ahora, de parte del ‘Gobierno del cambio’. Las políticas públicas que han funcionado se han desmontado. Un ejemplo es el incentivo al almacenamiento. El crédito, mayoritariamente en manos del agrocomercio y la industria molinera, y los altos ‘costos país’ afectan la competitividad. La emulación con producción extranjera altamente subsidiada, la inseguridad y extorsión por parte de la delincuencia común y grupos armados, hoy en conversaciones de paz, también contribuyen a esta situación. La Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales (UGPP) aprieta a agricultores presuntamente informales, mientras se abandona la infraestructura de secamiento y almacenamiento, como la del antiguo Idema en Granada. Además, la asistencia técnica se ha convertido en mercadería tecnológica, y hay una negativa a revisar y renegociar los TLC. Ante tal rosario de adversidades, este sector de productores bien se merece una mano de parte del actual Gobierno.

El arroz ha crecido en el piedemonte llanero sin la infraestructura de riego, gracias a una condición climática altamente favorable; los 200 m.m. de lluvia mensual necesarios para el cultivo caen multiplicados por dos y tres veces en meses que fuerzan la siembra estacional y la correspondiente recolección concentrada; esta circunstancia en la zona con la mayor área arrocera nacional no se ha contrarrestado con medidas eficaces, de parte de ningún gobierno de los que hemos tenido en los últimos 50 años.

La reiterativa práctica de la industria molinera, liderada por el duopolio que domina el mercado, requiere que el Gobierno y sus instituciones, ministerios correspondientes y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ‘encinturen’ la industria. En ausencia de ello, se deben dotar los recursos suficientes para resarcir a los productores con ayudas y subsidios, como lo establece la ley, y además financiar, de manera sostenible y factible, la infraestructura de secamiento y almacenamiento que permita sustraer de las manos de la molinería una buena parte de la cosecha concentrada por las razones explicadas. La nueva Minagricultura tiene la palabra.»