Tras semanas de tensión por la caída del precio del arroz paddy verde, el Gobierno Nacional reconoció oficialmente que el sector arrocero atraviesa una crisis y anunció medidas urgentes para enfrentar el inicio de la gran cosecha del año.

La declaración se dio luego de una reunión encabezada por el jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, con la participación de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la ministra de Comercio, Diana Morales; y los directores de la Dian y de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“La situación del sector arrocero es crítica. El Gobierno Nacional ha identificado que debe tomar medidas urgentes en este inicio de la cosecha más importante del año. Hemos encontrado que en este primer proceso los precios que se pagan a los productores han bajado”, afirmó la ministra Carvajalino.

En ese sentido, el Gobierno anunció un plan de solución integral que contempla mantener el apoyo a los insumos agropecuarios, ofrecer alivios en el acceso al crédito y continuar con las mesas técnicas instaladas con productores para frenar el impacto de la caída de los precios.

Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Morales, señaló que se está investigando un posible “contrabando técnico” como una de las causas de la crisis. “Aunque ha aumentado la producción de arroz, no hay evidencia de una sobreoferta que explique la magnitud de la caída en los precios. Se están evaluando posibles distorsiones en el mercado”, sostuvo.

El anuncio se conoce días después de que el gremio arrocero, representado por Dignidad Agropecuaria Colombiana, confirmara la convocatoria a un paro nacional indefinido a partir del próximo 14 de julio. La decisión fue tomada tras reuniones en las principales zonas productoras y busca visibilizar los impactos sociales y económicos que enfrenta el sector.

Según datos de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), en junio de 2024 los productores recibían en promedio $225.000 por carga, pero actualmente el precio ha caído a $170.000 en la zona centro y hasta $158.000 en los Llanos Orientales. “Los precios que se están pagando hoy ni siquiera permiten alcanzar el punto de equilibrio. Los avances tecnológicos han sido arrasados por esta crisis de precios”, advirtió Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz.

El gremio también denunció el incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro de marzo de este año. Señalan que la cadena de valor del arroz está fuertemente concentrada, lo que ha generado un entorno injusto para el productor. “Una industria molinera monopolizada en un duopolio […] y la alcahuetería gubernamental de todos los gobiernos, sumada a un contrabando sin límites, arrincona a la pequeña y mediana industria”, dice el comunicado de Dignidad Agropecuaria.

El artículo 65 de la Constitución obliga al Estado a proteger la producción agroalimentaria nacional. Por eso, los arroceros insisten en la necesidad de que el Ejecutivo intervenga para garantizar precios justos, revisar los Tratados de Libre Comercio y preservar la sostenibilidad del cultivo.

El viceministerio de Asuntos Agropecuarios también informó que se están promoviendo compras públicas y que ya se han establecido canales de coordinación con los gobernadores de Huila, Tolima, Caquetá y Meta, departamentos claves en la producción arrocera nacional.

El gremio ha reiterado que el paro no se detendrá hasta que las medidas se concreten. “No podemos seguir siendo quienes asumimos todos los riesgos productivos, comerciales y económicos de la cadena. Necesitamos decisiones reales y urgentes”, concluyó Dignidad Agropecuaria.