El gremio Dignidad Agropecuaria, que agrupa a pequeños y medianos productores de arroz, presentó el 12 de agosto de 2025 una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra varias empresas del sector molinero y comercializador. La denuncia señala que estas compañías estarían implementando estrategias para eludir la Resolución 241 de 2025, norma que estableció precios mínimos de compra para el arroz paddy verde con el fin de proteger el ingreso de los agricultores.

De acuerdo con el gremio, la llamada “Industria” —conformada por grandes molineras y comercializadoras que concentran buena parte del mercado— habría introducido un esquema de compra denominado “arroz paddy seco”, que traslada a los productores los costos de secado y transporte. Este mecanismo, advierten, reduce de manera efectiva el valor pagado por la cosecha, desconoce el espíritu de la regulación y pone en riesgo la sostenibilidad económica del cultivo.

“Es una estrategia subrepticia para hacerle el quite a la regulación de precios, que fue diseñada para proteger al productor nacional y salvaguardar la soberanía alimentaria”, afirmó Dignidad Agropecuaria.

La Resolución 241 de 2025, expedida por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio tras el paro arrocero de mediados de año, fijó precios mínimos diferenciados por región:

• Bajo Cauca: $1.491.478
• Centro: $1.589.489
• Costa Norte: $1.512.785
• Llanos: $1.457.387
• Santanderes: $1.555.398

Según los denunciantes, la compra del grano ya seco permite a las empresas pagar por debajo de esos valores, afectando la rentabilidad de los productores.

En su queja, Dignidad Agropecuaria solicitó a la SIC:

• Verificar el cumplimiento efectivo de la resolución.
• Investigar y sancionar a las empresas que desvirtúen la norma.
• Impedir acuerdos o prácticas que restrinjan la competencia y perjudiquen a los productores.
• Coordinar acciones con el Ministerio de Agricultura para frenar mecanismos elusivos.

El gremio advirtió que la cosecha actual ya está lista para su venta y que cada día sin pago al precio regulado aumenta los costos de almacenamiento y deteriora el producto. “Miles de empleos y la autosuficiencia arrocera del país estarían en riesgo”, alertó.

La Cámara Induarroz de la Andi, por su parte, expresó recientemente preocupación por el impacto del régimen de libertad regulada sobre el mercado, argumentando que fue expedido sin atender plenamente las recomendaciones técnicas del sector y que podría incentivar compras en regiones con precios mínimos más bajos, generando dependencia estructural del apoyo estatal.

La SIC deberá ahora revisar las pruebas y determinar si existen infracciones a la regulación y a la libre competencia, en un contexto de alta tensión entre productores y molineras en un año marcado por variaciones de mercado, altos costos de insumos y condiciones climáticas adversas.