El pasado 27 de agosto, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, presentó ante la Comisión V del Senado las acciones del Gobierno frente a la situación que atraviesa el sector arrocero en el país, en el marco de un debate de control político.

Carvajalino explicó que la apuesta del Ejecutivo no se limita a atender emergencias coyunturales, sino que busca una intervención integral que involucre a todos los actores de la cadena. El objetivo, señaló, es garantizar precios justos, proteger la producción nacional y brindar estabilidad a las familias que cultivan y comercializan este cereal.

La ministra recordó que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han invertido más de $18 billones en el sector agropecuario en tres años. Una cifra que, según afirmó, contrasta con las administraciones anteriores, donde no se superaban los $2 billones anuales. Aunque este año se discuten recortes, aclaró que el presupuesto solicitado, de $4,1 billones, sigue siendo uno de los más altos para el agro.

En la sesión también intervinieron otras entidades del Gobierno. Manuel Chacón, viceministro (e) de Comercio Exterior, indicó que se mantiene un monitoreo constante sobre las importaciones de arroz, con disposición de actuar en caso de alteraciones en los precios. Por su parte, Eduardo Llinás, director de la Dian, expuso las acciones contra el contrabando en el suroccidente del país y llamó a la ciudadanía a colaborar con denuncias sobre transporte irregular del grano.

Finalmente, Carvajalino informó que el Ministerio ya expidió una resolución que regula los precios del arroz, tras las protestas que adelantaron productores durante más de una semana. Entre las medidas adoptadas, se encuentra la regulación del arroz blanco y la implementación de nuevas reglas comerciales para fortalecer la defensa de la producción nacional.