Por Eudoro Álvarez Cohecha

Ingeniero agrónomo con especialización en temas de ambiente y sostenibilidad, así como en agricultura alternativa. Con una destacada trayectoria como ex profesor universitario y actual directivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana.

En la estructura de la producción rural colombiana, el arroz se desempeña dentro de la denominada agricultura empresarial, compuesta entre otros por la palma de aceite, la caña de azúcar, el banano y las flores principalmente. El arroz, luego de 30 años de política agraria ligada al neoliberalismo impulsado desde la constitución del 91 bajo el gobierno de Gaviria, es el único cultivo semestral que subsiste abasteciendo el mercado nacional; el algodón, el trigo, la avena, el sorgo, el ajonjolí, la cebada, la arveja, el garbanzo prácticamente desaparecieron y la soya y el maíz, son tan precarios que el país se abastece mayoritariamente de importaciones.

Luego de la desaparición del IDEMA, como política pública sustituta solamente se ha otorgado el Incentivo al Almacenamiento (IA), instrumento que, por dos décadas, se ha manejado permanentemente como mecanismo que liga dicha ayuda a los precios en las épocas de acumulación de cosecha en las temporadas de recolección del grano.

Desde el comienzo del actual Gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), anunció la suspensión de dicho subsidio; los reclamos a las dos ministras de agricultura, ligados a movilizaciones de los productores que incluyeron un paro generalizado de los arroceros de Casanare, hicieron que dicho subsidio se otorgara “por última vez”. Ante los reclamos reiterados de evaluar las condiciones de competencia desequilibrada contra la producción nacional arrocera, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el MADR, no han adelantado medida alguna para defendernos de tan inequitativo tratado.

En sustitución del IA, el Gobierno ha planteado, dentro del marco del Plan de Ordenamiento del Arroz (POA), anuncios, sosteniendo una vez más que el IA no va más. Se ha dicho que funcionará el Idema 2, que los créditos para infraestructura de almacenamiento en predios de productores es la nueva oferta, etc, etc, pero al evaluar estos anuncios la verdad es que solo suenan los tilín tilín y nada en concreto se ha podido precisar. Coincidentemente, las áreas que se propone sembrar, disminuyendo las actualmente plantadas, según el POA, concuerdan con las que es necesario disminuir para dar cabida a las importaciones pactadas en TLC.

Mientras tanto las amenazas están vivitas y coleando: en  2030, las importaciones de arroz provenientes de EE. UU. serán sin aranceles y los contingentes sin límites en sus cantidades. Grave cosa puesto que la producción foránea por llegar al país está altamente subsidiada y no valdrá esfuerzo alguno en materia de productividad que permita al arroz nacional subsistir como abastecedor del mercado nacional, con las implicaciones que en materia de empleo y movimiento económico aporta este cultivo en más de 200 municipios colombianos y alrededor de 2 500 000 de compatriotas alrededor de su cultivar.

Los arroceros estamos pues en las condiciones del operario que, valiéndose de una escalera, está pintando una pared y el dueño de la escalera se la reclama y ante la protesta del trabajador que clama se la dejen para continuar su labor, se le responde: pues como necesitamos la escalera, agárrese de la brocha.