Por Eudoro Álvarez Cohecha

Ingeniero agrónomo con especialización en temas de ambiente y sostenibilidad, así como en agricultura alternativa. Con una destacada trayectoria como ex profesor universitario y actual directivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana.

El acuerdo excluyente del pasado 28 de agosto entre el Ministerio de Agricultura, Fedearroz e Induarroz (controlado por el duopolio molinero) fue un primer aviso de que el lío fundamental del arroz no sería seriamente considerado.

El informe de Fedearroz sobre los logros de la contribución arrocera (un verdadero tributo que pagan los arroceros) ratifica los elementos básicos del acuerdo, sustentados en que, buscando la competitividad por la vía de mejoras tecnológicas, el arroz se va a salvar de la situación que, en el cercano 2030, sobrevendrá y se podrá competir con los subsidios norteamericanos al cereal, que bordean una tercera parte de su costo de producción.

Son ciertos los adelantos que en materia de productividad se han alcanzado; efectivamente, de 2,5 toneladas, luego de 50 años de esfuerzos casi solitarios de los productores, se ha logrado un promedio de 5,5 toneladas por hectárea. Pero, paralelamente, el costo país se ha incrementado.

Tenemos zonas como el Tolima y el Huila, donde las productividades compiten con las de Arkansas; sin embargo, en EE. UU. también tienen productividades menores y similares a las de algunas zonas arroceras nuestras. La diferencia está en que los subsidios de los norteamericanos son inmensamente más grandes que los del arroz colombiano.

Equivocadamente, Fedearroz persiste en afirmar que, mediante la escasa investigación, la transferencia tecnológica —hoy en día en manos, en su mayor parte, de los vendedores de agroquímicos— y el uso de semilla certificada, los arroceros colombianos podrán competir con los subsidios estatales de los norteamericanos.

Esta invención está motivada por el manejo excluyente del Fondo Nacional del Arroz, al cual aportan todos los arroceros, estén o no afiliados a esa federación, y que constituye un costo, pues se aplica sobre las ventas brutas del producto y, además, es obligatoria. Ese manejo excluyente se extiende a los dineros (la zanahoria) percibidos de las importaciones que reciben Fedearroz y los arroceros norteamericanos por cada kilo importado de los Estados Unidos.

 El gerente de Fedearroz esquiva abordar el problema central del cultivo y olvida hacer cuentas sencillas para no perder el manejo de la cuota y los dineros de las importaciones, que le permiten respaldar su burocracia, olvidando que son los agricultores el objeto principal de su compromiso.

 Hagamos cuentas: con el arancel que aún se tiene, el precio fijado en la cosecha del año grande del presente año estuvo impuesto por el monopolio molinero con base al precio internacional y, en promedio, estuvo por debajo de los 200.000 pesos la carga (1.600 pesos/kilo). Si se resta el arancel que persiste, el precio sería de menos de 160.000 pesos la carga (1.280 pesos/kilo). Aplique la tecnología de Fedearroz, construya la infraestructura de secado y almacenamiento en predios de productores, racionalice el uso de los insumos, agregue el costo país y, de los 13.000 productores que persisten, escasamente un pequeño grupo sobrevivirá.

Lo pertinente es insistirle al actual gobierno que corrija los errores de los anteriores, que se evalúe y renegocie el TLC. Exijámosle cumplir su compromiso electoral y comencemos a hablar en serio de la permanencia del arroz producido por colombianos para consumidores colombianos. Ese es el cambio si de cambio hablamos.