Con una inversión de $1.000 millones, la iniciativa busca impulsar la productividad rural, mejorar condiciones de vivienda y fortalecer la economía campesina en 10 departamentos.

Más de 1.000 productores rurales en 29 municipios del país serán los beneficiarios directos del Plan de Fortalecimiento 2025, una apuesta liderada por la Fundación Postobón en el marco de su programa Hit Social. La iniciativa busca consolidar una red de proveeduría sostenible y competitiva mediante el impulso a las capacidades productivas, logísticas y comerciales de 32 asociaciones campesinas dedicadas al cultivo de frutas como mango, mora y lulo.

El proyecto contempla una inversión de $1.000 millones, distribuidos en $600 millones para fortalecimiento productivo, $150 millones para mejoramiento de vivienda y $270 millones para formación y acompañamiento técnico. Esta estrategia se ejecuta en alianza con la ANDI y su Escuela Hit Social, enfocada en brindar formación integral a los productores y sus familias.

Como parte del componente social, el plan incluye la entrega de incentivos superiores al millón de pesos, ligados a la productividad, para que los agricultores puedan realizar mejoras en sus viviendas, generando un impacto directo en su calidad de vida.

Catalina Echavarría, directora de la Fundación Postobón, destacó el enfoque integral del programa: “En Postobón creemos que el desarrollo del país empieza en el campo. Por eso trabajamos de forma constante para que los productores tengan un acompañamiento integral por medio de la entrega de insumos y herramientas, mejorar sus condiciones de vida y ofrecerles oportunidades reales de progreso”.

Además de los recursos económicos, el Plan contempla la entrega de maquinaria, herramientas e infraestructura para optimizar los procesos de producción y logística, así como fortalecer la sostenibilidad de la cadena de abastecimiento en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Bolívar, Cesar, Cauca, Santander, Norte de Santander, Risaralda y Valle del Cauca.

Esta estrategia reafirma el compromiso del sector privado con el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la economía popular, ofreciendo a los pequeños productores oportunidades concretas para mejorar sus condiciones de vida y potenciar su papel en el mercado agroalimentario nacional.