El gremio arrocero colombiano, representado por Dignidad Agropecuaria Colombiana, ha convocado un paro nacional indefinido que comenzará el próximo lunes 14 de julio. La decisión surge como respuesta a la sostenida caída en los precios del arroz paddy verde pagado al productor, el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional y la falta de medidas concretas frente a la crisis que atraviesa el sector.

Los productores aseguran que la situación se ha tornado insostenible. En junio de 2024, el precio promedio por carga era de $225.000. Hoy, en zonas como los Llanos Orientales y el centro del país, ese valor ha descendido a $158.000 y $170.000 respectivamente, según cifras de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Esto representa una caída cercana al 25%, lo que ha puesto en riesgo el punto de equilibrio económico para miles de familias productoras.

«Los precios que hoy se pagan por el arroz ni siquiera alcanzan para cubrir los costos de producción. Estamos al borde de la quiebra», expresó Dignidad Agropecuaria en un comunicado, en el que también denunciaron que los compromisos adquiridos durante el paro anterior, en marzo de 2025, no han sido cumplidos por el Gobierno.

Uno de los señalamientos más críticos es hacia el modelo comercial del arroz, que según los productores, está concentrado en pocas manos. Alegan que la industria fija precios que afectan al eslabón más vulnerable de la cadena, mientras factores como el contrabando, los tratados de libre comercio y el alza en los costos de producción agravan aún más la situación.

Fedearroz ha reiterado que, pese a los avances logrados con la implementación del programa AMTEC, que ha permitido mejorar la eficiencia productiva, la caída del precio ha neutralizado esos esfuerzos. «No es justo que los agricultores asuman todos los riesgos de la cadena mientras se desprotege un cultivo esencial para la seguridad alimentaria del país», manifestó Rafael Hernández, gerente general del gremio.

Los departamentos del Tolima, Meta y Huila serán los primeros en sumarse a la movilización, que podría extenderse al resto del país si no se atienden las demandas. El gremio exige la fijación de un precio competitivo para el arroz, una revisión de los tratados de libre comercio, y una intervención urgente del Estado en cumplimiento del artículo 65 de la Constitución, que protege a los productores de alimentos.