El sector maicero colombiano atraviesa una situación crítica que podría desembocar en un paro nacional. La advertencia fue lanzada por Arnulfo Trujillo, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, en el que expuso la compleja realidad de los productores.

De acuerdo con Trujillo, la falta de garantías para la comercialización del maíz nacional, sumada a factores estructurales como los bajos precios, la deficiente infraestructura de almacenamiento, el deterioro de la red vial y la ineficiencia de los seguros agropecuarios, está poniendo en riesgo la viabilidad de la actividad. “El Gobierno debe pasar de la retórica a la acción. Es urgente sentar a la industria y a los productores para hacer un acuerdo tripartita en el que todos aporten y todos ganen”, afirmó.

El dirigente gremial recordó que el país depende en gran medida de las importaciones, pues Colombia compra en el exterior cerca del 85 % de los granos de la canasta alimentaria, mientras que la producción nacional apenas abastece un 15 %. Esta desproporción, señaló, ha reducido las áreas de siembra y los volúmenes de producción, los cuales hoy se concentran principalmente en la región de la Orinoquia.

“El panorama es cada vez más crítico. La industria y el consumo crecen, pero la producción nacional decrece. Muchos departamentos han dejado de sembrar y, con ello, la soberanía alimentaria del país se ve seriamente amenazada”, advirtió Trujillo ante los legisladores.

El debate también incluyó la intervención del senador Miguel Barreto, quien manifestó su preocupación por la reducción del 24 % en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y por el aumento del contrabando de alimentos, dos factores que limitan la competitividad y golpean directamente al agro colombiano.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reconoció que los problemas estructurales que afectan al campo se arrastran desde hace más de seis décadas, aunque destacó que el actual gobierno ha invertido 18 billones de pesos en los últimos tres años. Carvajalino respaldó la propuesta de Fenalce de avanzar en un acuerdo tripartita y anunció proyectos específicos para respaldar a los productores de maíz, con énfasis en la región Caribe.

La advertencia de Fenalce y la tensión expresada en el Senado dejan sobre la mesa un panorama complejo: mientras los productores reclaman medidas inmediatas que garanticen la comercialización de sus cosechas, el país sigue dependiendo de importaciones que comprometen su soberanía alimentaria.