La calma en el sector arrocero duró apenas una semana. Después de que el Gobierno Nacional y los productores firmaran un acuerdo para levantar 11 días de paro, las denuncias de agricultores y dirigentes gremiales revelan que molineros e industriales no están comprando el grano al precio mínimo fijado por el Ministerio de Agricultura en la Resolución 0241, que estableció valores por regiones de $1’457.387 por tonelada en los Llanos, $1’589.489 en la Zona Centro, $1’491.478 en el Bajo Cauca, $1’512.785 en la Costa Norte y $1’555.398 en los Santanderes.

Los productores afirman que muchos molinos solo están recibiendo la cosecha de quienes mantienen deudas previas con ellos, derivadas de créditos o insumos adquiridos a precios más altos que los del mercado. A los demás les niegan la compra o les imponen condiciones como entregar el arroz únicamente en consignación, sin pago inmediato, para luego cobrar $120.000 por secado y $36.000 más IVA por cada mes de almacenamiento, con pagos que pueden tardar hasta 60 días y cuyo valor final dependería de la evolución del mercado, no del precio mínimo oficial.

En departamentos como Meta, Casanare, Tolima, Huila y los Santanderes, los agricultores advierten que sin flujo de caja no podrán cubrir los costos de producción ni financiar la próxima siembra. “Hoy, quienes no tenemos cartera con los molinos no tenemos quién nos reciba la cosecha”, dijo Óscar Ochoa, productor del Ariari. En Casanare, donde agosto concentra el 45% de la recolección anual, el gobernador César Augusto Ortiz Zorro pidió a los molineros acatar la resolución y recordó que el Gobierno ya implementó controles contra importaciones que afectan los precios. “La economía de los casanareños debe ser el propósito superior”, manifestó.

Dirigentes como Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, acusan a los industriales de buscar vacíos en la norma. “En el fondo quieren burlar una resolución que deben cumplir”, señaló, mientras que el gerente de Arroz Barichara, Sergio Bueno, sostuvo que el Gobierno trasladó el problema a la industria, ya que el nuevo precio obliga a asumir mayores costos sin un ajuste equivalente en la venta del arroz blanco.

La crisis se presenta en un escenario de sobreoferta y precios presionados a la baja. Según el Ministerio de Agricultura, en junio de 2025 los inventarios de arroz paddy seco superaron en 57,7 % el promedio histórico de la última década, alcanzando 534.940 toneladas. El precio del paddy verde cayó 11,8 % en 2024 y en el primer semestre de 2025 se mantuvo estable, con un promedio de $1’422.482 por tonelada, mientras que los costos de producción aumentaron 1,7 % de acuerdo con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el cumplimiento de la resolución será monitoreado de forma permanente y que la estrategia incluye un régimen regulado para el arroz blanco, un plan de choque contra el contrabando y otras medidas con el Ministerio de Comercio. Su titular, Diana Marcela Morales, anunció que se evaluarán instrumentos de defensa comercial y controles aduaneros para evitar importaciones a precios artificialmente bajos.

El representante a la Cámara por el Meta, Carlos Vallejo, pidió instalar de inmediato una mesa técnica con todos los congresistas de los departamentos arroceros. “Nuestros campesinos están perdiendo su esfuerzo. No podemos permitir que el trabajo de nuestros arroceros termine en la ruina”, expresó. Agricultores y autoridades coinciden en que, si no hay soluciones urgentes, las pérdidas podrían impactar la seguridad alimentaria y el abastecimiento nacional en 2026.